La ley sin Ley

Buenas tardes, ¿qué hay cuando nadie mira?

Hagamos un ejercicio. Imaginate ser un policía de la provincia de Santa Fe, encontrarte en un procedimiento, interceptar un camión con cocaína, llamar a tu superior y que este te diga que hagas la vista gorda porque sino podés comerte un traslado a un pueblo inhóspito como castigo, ¿con quién te quejarías?, es más, ¿lo harías?

Esto pasa, pasó y pasará. La fuente existe pero pide cautela. 

Hay un proyecto de país post-dictadura. La verdadera derrota. Decir que la democracia alfonsinista le ganó a los militares es admitir este presente.

Como escribe Silvia Schwarzböck en su libro Los espantos: “del 84’ en adelante el discurso sobre los Derechos Humanos contra las Fuerzas Armadas ganó como ismo para perder como real. Así se puede abrir a toda la población el extenso manto de piedad que representa el buenismo. No hacer nada con los malos”.

Lo que queda es vox pópuli. Los verdes no, los blancos sí. La realidad por lo bajo: no habrá modificaciones profundas sobre la construcción de las FFAA. Será el juicio su castigo, ese Nunca Más y Nada Más. Lo mismo se dará también con otro de los poderes, el Judicial, que tampoco será modificado luego del logro de la conquista ejecutiva de la política.

A diferencia de Colombia y Brasil, en nuestro país, la policía es una fuerza de seguridad que no es parte de las fuerzas armadas. Esas son las delimitaciones entre el marco normativo que regulan la Ley de Defensa Nacional, de Seguridad Interior y de Inteligencia, que es un proceso de la democracia: 1988, 1991 y 2001, respectivamente. Recién reglamentadas por Néstor Kirchner. Es un punto importante para entender la relación democracia-policia-fuerzas armadas, o seguridad-defensa-inteligencia.

De esa manera, uno entiende que militares y policías no son lo mismo, pero el botón para el ismo se mezcla y se confunde. Desde el 88’ hacia delante, la única fuerza legítima que quedaba en ese momento cara a cara con la sociedad que se construía, era la policía, en sus distintas vertientes.

Hay una deuda pendiente de la democracia que es la relación con quienes custodian su orden, protegen a sus habitantes y mantienen la paz social.

Entre esas deudas aparecen las preguntas: ¿qué son los policías? ¿trabajadores? ¿funcionarios públicos? ¿cómo están formados? ¿con qué derechos cuentan?

El hilo del ovillo. La escena: el policía santafesino de la post-dictadura es un policía formado bajo una ley del año 1975, vive en condiciones laborales anteriores a los derechos del artículo 14 bis. La cana de hoy, está construida bajo las lógicas de la clandestinidad que quedaron del para-estatismo del golpe, es decir, sigue siendo oscura, oculta e irregular, lo dice esa ley forjada en los albores del golpe, y lo subraya su situación material de extrema precariedad. Una encuesta del año 2020, comenta que el 81% de los 4485 uniformados de la Unidad Regional II se consideran mal pagos y les gustaría agremiarse.

La propuesta del alfonsinismo social como pacto histórico puede existir a costa de un trueque: los Derechos Humanos ganarán como Palabra, serán la hegemonía del buen decir. Pero en su fondo, en la escritura, en el papel y la firma, transcurrirá un mundo donde el Ejército será un tabú y la Policía existirá bajo condiciones simalares a la esclavitud. Del orden injusto al desorden total. Foto en la Plaza y siga, siga. 

Surfeando la página web de APROPOL, uno de los “sindicatos” de la Policía santafesina, aparece la reminiscencia paranoica a la época del Proceso. En una nota del 12 de septiembre de este año se recuerda: hace 46 años Montoneros asesinó a nueve policías y dos ciudadanos. Dime qué recuerdas y te diré quién eres, cuéntame en qué momento histórico dialogas y te responderé qué tan alejado estás del presente. Retrátame como diferencias y te diré qué no distingues.

En el año 2020 hubo otro ejemplo claro. Las bases policiales se le plantaron al gobierno en plena pandemia, para Berni, en ese momento, Mariana Lorenz, retrata que los policías no eran ciudadanos, sino héroes para el ministro bonaerense. Y el Covid-19 el enemigo interno a combatir. Este relato y el recuerdo de los mártires de APROPOL suenan parecidos.

Las fuerzas como salvataje. Primero el país, después sus costos. El real mayor: los policías desde los 80, aunque no se los considere como tales, se perciben como trabajadores y funcionarios públicos. Así aparece el problema de la representación en tensión con la misión. Si el poder ejecutivo no logra fomentar una relación donde la Policía pueda ingresar dentro de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, no habrá forma de verlos como en este momento se perciben.

Repitamos el ejercicio. Imagínate ser un penitenciario. Tener un turno de 36 horas o más de jornada laboral por 96 horas de descanso. Y al mismo tiempo convivir con los cabecillas de las organizaciones narco criminales más grandes de la región, con condenas surrealistas de más de 150 años de cárcel. Y que vos sepas que si les conseguís un celular para sostener el negocio podés ganar en un día lo mismo que en un mes ¿qué harías?, ¿cómo construirías un “no” en ese entramado de connivencia y convivencia?

En la primera y última situación nombradas anteriormente, el policía no se encuadra dentro del mundo del trabajo al que responde. Este debate es donde distintas figuras discursivas y a su vez legales, se ponen en tensión. Se abre el gris: un silencio donde se encuentran en este momento las cosas. 

En esa indefinición, sobrevive el más fuerte: lo irregular establecido. El material se construye bajo la connivencia de un comisariato atomizado. No hay un jefe. Mano a mano y después vemos. Al no haber línea de mando definida, hay jerarquías disueltas. Por lo tanto, no hay un arreglo único que ordene, sino muchos arreglos desorganizados. 

A esto se le suma el presente de reconfiguración en materia de derechos laborales para toda la sociedad en su conjunto. El combo es singular y explosivo: a la Policía se le suma la clandestinidad como estado mental en una provincia donde la realidad delictiva no da para bollos.

El intendente Pablo Javkin sostuvo en distintas declaraciones públicas la necesidad de la construcción de penales de máxima seguridad para que sucesos como los nombrados anteriormente no acontezcan. Sin embargo, hay algo que sucede en la praxis política que se traduce como impotencia: sus soluciones estructurales van a contratiempo de lo realizable. No sólo de buenas intenciones se vive. 

Mejorar las condiciones de las cárceles, empezando por sus celadores, es decir, sus trabajadores, podría ser un gran paso antes de la construcción de un penal al estilo Guantánamo en una ciudad donde los cadetes de policía tuvieron que desalojar la escuela por contagios de sarna.

Durante el macrismo, el revival neoconservador del alfonsinismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en abril del 2017, falló en contra de la creación del sindicato policial Buenos Aires. ¿Por qué? Se cita: “si bien dichos tratados reconocen en principio ese derecho a las fuerzas policiales, también permiten que la legislación interna de cada país restrinja o incluso prohíba el ejercicio de derechos sindicales”. 

En este país parece que no hay forma de que la policía se sindicalice si el poder judicial no se actualiza. Aunque los de afuera digan que sí, los de adentro son de palo. 

Igualmente, hay otras formas, menos épicas, pero más honestas y realizables. La legisladora Matilde Bruera, con el apoyo de las diputadas Paola Bravo y Lucila De Ponti, propusieron un proyecto de ley que habilita la agremiación del personal policial y el Servicio Penitenciario Provincial (SPP), bajo el título “Estatuto Laboral para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”. 

Las bases del proyecto son interesantes, constan de cuarenta y seis artículos y un fundamento. Veinte páginas de Word. Media hora de lectura. En el mismo, se da como ejemplo la diferenciación con otras fuerzas a nivel nacional e interprovincial: “Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y CABA cambiaron el diseño de la formación de la policía. En Santa Fe todavía se conserva la Ley Orgánica Policial del 1975, en los albores de la dictadura. Mantener el orden público ante las manifestaciones subversivas.”

Cuando uno observa por televisión a la PFA, ve jóvenes de clase media baja, bien vestidos, uniformados, con chaleco, gorrita y handing. A veces con IPhone, buenos equipamientos, buen porte, comidos, corporalmente fornidos. De alguna manera, parecen Policías que dan ganas de que te resguarden. No es lo mismo ver a un pibe que hace guardias de 48 horas motorizados en Oroño cansado de vivir, jugando al Candy Crush, que a una persona con ganas de hacer lo que nadie tiene ganas de hacer: trabajar con un arma a cuestas.

Una policía democrática es una policía que se rige más allá del fantasma de la dictadura. El país, la provincia y la ciudad, no necesitan funcionarios que propongan cambiar la realidad de una vez y para siempre. Necesita gente que se haga cargo de lo que pasa mirando de frente al pasado. De arriba y para abajo: la Policía provincial necesita un orden, y no cualquier orden.

El sindicato en sí, es eso, ¿cómo se cuida un trabajador por su propia condición de trabajador? Es decir: ¿cómo le hace frente a su lugar en el mundo social? Hobbes lo dijo. Si el hombre es el lobo del hombre, la policía es el lobo de la policía. En fín, si aquello que no se legisla explícitamente para el débil, se legisla implícitamente para el fuerte, todo seguirá igual. Esperemos que algo cambie. 

Nos vemos el lunes que viene. Poesía siempre, policía sí, vigilantes jamás.